Opinión | Editorial

Una fiscalidad que castiga a los asturianos

La vía fiscal asturiana no solo repercute en el bolsillo de cada uno, también en la actividad económica de una región donde los brotes verdes industriales de El Musel, Windar o La Vega se ven ensombrecidos por el mazazo de Saint-Gobain o los nubarrones que se ciernen sobre los compromisos inversores de Arcelor en Gijón

Una fiscalidad que castiga a los asturianos

Una fiscalidad que castiga a los asturianos

Una pareja con dos hijos y una renta mensual de 3.639,75 euros dedica hoy día un tercio de sus ingresos al pago de impuestos, según un reciente estudio del Consejo General de Economistas de España. La factura fiscal de los hogares crece, pero no de manera uniforme en las distintas comunidades autónomas. Asturias, a la cola del país en distintos indicadores económicos, es, sin embargo, la segunda región donde heredar resulta más gravoso y también una de las pocas donde no se ha ajustado el IRPF a la inflación, a pesar de tratarse de uno de los territorios donde las rentas medias-bajas pagan más. ¿Resulta razonable que la fiscalidad exprima de esa manera el bolsillo de los asturianos? 

Para disponer de una buena sanidad, de una educación de calidad, de unos servicios sociales que atiendan con suficiencia las necesidades más perentorias y de unas infraestructuras acordes con los tiempos hay que pagar impuestos. Rascarse el bolsillo por vía impositiva es una forma de contribuir al bien común y de favorecer la permanencia del Estado del bienestar que tanto esfuerzo y sacrificio costó durante décadas edificar. El reparto equitativo de la carga, que paguen más quienes mayor nivel de renta acumulan, es precepto esencial de la progresividad del sistema tributario. Lo que resulta injusto e insolidario es que, en igualdad de condiciones, se pague más por el mero hecho de habitar un territorio u otro. Es lo que está ocurriendo en Asturias, donde los contribuyentes afrontan una nueva campaña de la declaración de la renta con los tipos mínimos más altos del país y sin ajustes para paliar los efectos nocivos de la inflación en las economías familiares. El Principado es, con Cataluña, la comunidad donde más se gravan las rentas de entre 30.000 y 45.000 euros.

La justificación ideológica de la carga fiscal, hacer que coticen más las economías más poderosas, resulta falaz si se tiene en cuenta que no deflactar el IRPF, como sí han hecho una decena de comunidades autónomas este año, algunas incluso gobernadas por el PSOE, caso de Navarra, supondrá en Asturias que las declaraciones a pagar aumenten en la actual campaña un 10 por ciento. Un caso práctico explica a las claras esta subida silenciosa de impuestos: si a un empleado le suben un 3% el sueldo, tendrá que pagar más en concepto de IRPF porque sus ingresos son mayores. Pero como ese incremento salarial no cubrirá la fuerte subida de la inflación, el contribuyente estará perdiendo dinero por dos vías: porque paga más tributos y porque a la vez experimenta un retroceso en su poder adquisitivo.

La vía fiscal asturiana no solo repercute en el bolsillo de cada uno, también en la actividad económica de una región donde los brotes verdes industriales, entre ellos el proyecto de una fábrica de baterías en El Musel, la adquisición de terrenos de la antigua Alcoa en Avilés por parte de Windar para fabricar equipos para plantas eólicas marinas o el polo biosanitario que transformará La Vega en Oviedo, se ven ensombrecidos por el mazazo de la reciente deslocalización de parte de la actividad en la planta avilesina de Saint-Gobain o los nubarrones que se ciernen sobre los compromisos inversores de ArcelorMittal en Gijón.

La carga impositiva superior a la de otros territorios obstaculiza la llegada de nuevos emprendedores, pero también invita a la mudanza a lugares donde la tributación resulta menos gravosa. Impuestos más altos conllevan una evidente pérdida de ventaja competitiva. Y no está la economía asturiana para dejar escapar oportunidades.

Urge una armonización fiscal que acabe con los agravios entre las comunidades españolas, pero la situación política nacional no ayuda. Tampoco la presencia de IU en el Gobierno regional favorece un debate tributario que debería acometerse ya serenamente y sin estridencias desde el Ejecutivo autonómico. A la ciudadanía le resulta cada vez más difícil asumir semejante divergencia territorial; y a las empresas, cargar con tributos que impiden competir en igualdad de condiciones. Unos por otros, Asturias sale perdiendo.