La Fiscalía denuncia al alcalde de Degaña por prevaricación y malversación

La Fiscalía ha formulado querella ante el Juzgado de instrucción decano de Cangas del Narcea contra el alcalde de Degaña, Óscar Áncares, un concejal de esa Corporación y un contratista del concejo por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El ministerio público, en el transcurso de las diligencias de investigación preprocesal, ha hallado indicios de delito en dos actuaciones referidas a otras tantas obras adjudicadas en Degaña, supuestamente, de forma contraria a la ley.

El siguiente paso es el inicio del procedimiento judicial, que puede conducir bien a que el juez instructor observe durante la investigación que existen indicios suficientes para que la querella prospere, bien a que considere que no hay pruebas de delito, lo que conduciría al archivo de las diligencias.

Una de las razones por las que el fiscal sostiene que se ha podido quebrantar la ley tiene que ver con la adjudicación de un contrato para la construcción de infraestructuras de defensa contra los incendios. El Alcalde dictó la resolución y el contrato se adjudicó por 16.390 euros a una empresa de la que es titular el concejal denunciado.

La adjudicación se aprobó el 28 de septiembre de 2021. La empresa del edil emitió factura por el valor estipulado, que se aprobó y se reconoció. A continuación se ordenó el pago y se abonó en su totalidad, según el escrito del fiscal, pese a que los trabajos no habían sido realizados,

El segundo asunto por el que el ministerio público ha presentado la querella se refiere a otra obra municipal, un contrato menor, en este caso de desbroce para la prevención de incendios, que fue adjudicada, supuestamente también de forma contraria a la legislación vigente, el 29 de septiembre de 2022.

La ejecución del proyecto fue adjudicada al contratista señalado en la querella por un importe de 18.414 euros. Según el fiscal, este contratista era un "habitual del Ayuntamiento". Pese a que no se ejecutó toda la obra convenida en el contrato, el adjudicatario emitió una factura por el valor total. Pero fue rechazada por la secretaria interventora del Ayuntamiento.

El rechazo municipal llevó al contratista a emitir una nueva factura, en este caso por importe de 15.374,22 euros, que esta vez sí fue aprobada y reconocida por el organismo municipal. Posteriormente se ordenó el pago y se abonó. En esta obra intervino también el concejal, ayudado por un hijo suyo, peón del Ayuntamiento. Además, una de las obras se ejecutó con la ayuda de maquinaria municipal, en concreto con un brazo desbrozadora.

Del análisis de todos estos hechos, la Fiscalía concluye que existen indicios suficientes de que se hayan cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que ha pedido al juez que llame a declarar a las tres personas señaladas como investigadas.