El Gobierno británico limitará el acceso a prestaciones sociales para reincorporar trabajadores al mercado laboral

El Gobierno británico ha presentado este viernes un nuevo plan para limitar el acceso a las prestaciones sociales en el Reino Unido, con el objetivo de forzar el regreso al mercado laboral de cientos de miles de trabajadores actualmente inactivos. El objetivo del Ejecutivo es acabar con la escasez de mano de obra en algunos sectores –un problema agravado tras el Brexit y la pandemia– y reducir la factura cada vez más abultada del gasto público en concepto de subsidios por desempleo y bajas médicas de larga duración. El número de personas “económicamente inactivas” debido a enfermedades prolongadas se eleva a 2,8 millones en todo el país, casi un tercio más que en 2019.   

Entre las medidas planteadas por el Gobierno está un mayor control en la concesión de las bajas por enfermedad, una tarea que actualmente corresponde a los médicos de familia. El primer ministro, Rishi Sunak, ha abierto la puerta a que los sanitarios dejen de tener esa responsabilidad y sean otros “expertos y profesionales de la salud” los que realicen una “evaluación objetiva” sobre la capacidad de un trabajador para retomar la actividad laboral. “No es razonable pedir a los médicos que evalúen si sus propios pacientes son aptos para trabajar. A menudo se les pone en una situación imposible en la que saben que negarse a dar de alta a alguien dañará su relación con ese paciente”, ha asegurado Sunak en rueda de prensa.

Acceso a prestaciones

El Gobierno también prevé endurecer los requisitos para acceder al Pago para la Independencia Personal (PIP), una ayuda destinada a personas con discapacidades o enfermedades de larga duración que asciende a un máximo de 732 libras mensuales (854 euros). El número de solicitudes para obtener esta prestación es más del doble que el registrado antes de la pandemia, algo que el Ejecutivo ha atribuido al aumento de los casos de depresión y de ansiedad en los últimos años. “La gente puede hablar abiertamente de las enfermedades mentales de una forma que hace sólo unos años habría sido impensable. Pero del mismo modo que no podemos desestimar esta tendencia creciente, también sería un error simplemente cruzarse de brazos y aceptarla porque es demasiado difícil de resolver”, ha añadido Sunak.

La decisión del primer ministro de acabar con una “cultura de la baja médica” en el Reino Unido ha provocado las críticas de la oposición y de organizaciones especializadas en salud mental, que atribuyen el creciente número de casos de ansiedad y depresión a la mala calidad de los empleos, a los elevados índices de pobreza y a la degradación de los servicios públicos. "Para volver al trabajo, es necesario que las personas afectadas por la salud mental reciban un apoyo personalizado, y no que las amenacen con perder el poco dinero que tienen para vivir”, ha dicho a través de un comunicado la directora de Mind, una de las principales organizaciones de lucha contra la ansiedad y la depresión. 

Reducción del gasto

Pero el Ejecutivo parece determinado a reducir el gasto cada vez mayor en prestaciones por problemas de salud y discapacidad, un desembolso que ha aumentado en dos tercios desde el inicio de la pandemia, hasta alcanzar los 69.000 millones de libras anuales. Sunak ha confirmado su intención, en caso de lograr una improbable victoria en las próximas elecciones generales, de acabar con las prestaciones para los parados aptos para trabajar que no acepten un empleo en un máximo de 12 meses, así como aumentar el mínimo de horas trabajadas para poder acceder al Crédito Universal –una ayuda destinada a las personas con menos ingresos–. “El subsidio de desempleo debe ser una red de seguridad, nunca una elección de estilo de vida”, ha afirmado el primer ministro.

El objetivo del Gobierno es cubrir los cerca de un millón de empleos que siguen vacantes en el Reino Unido. Unos puestos que deberán ser ocupados en su gran mayoría por trabajadores británicos, ya que las nuevas medidas para frenar la llegada de inmigrantes, tanto por la vía legal como ilegal, provocarán previsiblemente un descenso en la mano de obra procedente de países extranjeros en los próximos meses.