Hunosa y los sindicatos ligan la "viabilidad" de la empresa a la transformación de la térmica
Insisten en que el uso de CSR se limitará al 10%: "Es infundado afirmar que es un paso previo a una planta de incineración"
Hunosa y los sindicatos SOMA-FITAG-UGT y la federación industrial de CC OO protagonizan una cerrada defensa del proyecto de transformación de la térmica de La Pereda en una central de biomasa que también usará parcialmente combustible sólido recuperado (CSR), elaborado a partir de la basura. En el contexto de la oposición vecinal al uso de CSR y de las reservas del Ayuntamiento de Mieres, la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores han vuelto a divulgar un comunicado conjunto en el que, además de asegurar que el proyecto cuenta con todas las garantías ambientales, dan a entender que, sin la reconversión de La Pereda, la continuidad de Hunosa estaría comprometida.
"El proyecto avala la continuidad de la instalación y la viabilidad de la sociedad pública y, por ello, el desarrollo de unas comarcas especialmente afectadas por el final de la minería del carbón", exponen los firmantes del manifiesto titulado "La transformación de La Pereda a una central de biomasa, un proyecto estratégico para las Cuencas con todas las garantías ambientales", acordado por las partes a principios de abril. Hunosa, presidida por Enrique Fernández, y las organizaciones sindicales que pilotan José Luis Alperi (SOMA) y Damián Manzano (CC OO de la Industria) justifican esa declaración compartida por la "relevancia estratégica" de la térmica y "a raíz de algunas manifestaciones carentes de todo rigor que pueden generar alarma entre los vecinos de Mieres".
"La Pereda utilizará como combustible un 90% de biomasa forestal, limitando el combustible sólido recuperado a un máximo del 10%. La nueva central, no sólo cumple con la legislación sobre emisiones, sino que además será aún más respetuosa con el medio ambiente y la salud pública que la actual térmica", se expone en el texto. Y se añade: "Por tanto, es absolutamente infundado afirmar que la nueva central es un paso previo a una planta de incineración". Es una respuesta a las denuncias que ha formulado la plataforma ciudadana que combate el proyecto. "El régimen retributivo conseguido para 20 años obliga a que no se supere el 10% de consumo de CSR", precisan también Hunosa y los sindicatos.
El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), afirmó recientemente que el Ayuntamiento va a estar "vigilante" y a "velar de forma exhaustiva para que se cumplan escrupulosamente todas las medidas medioambientales y para que, si se quema CSR, no se meta ni un gramo más de lo permitido", el 10% citado. Y el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, también de IU, admitía estos días en la Junta General del Principado que "no se puede eludir que en La Pereda hay una problemática muy importante, desde el punto de vista social y político", que, advirtió, habrá que abordar "con mucho diálogo y capacidad de consenso, con el ayuntamiento de Mieres y los vecinos".
Hunosa, el SOMA y CC OO enfatizan que el proyecto de transformación de La Pereda "ha superado los exigentes trámites medioambientales pertinentes, obteniendo la declaración de impacto ambiental y la modificación de la autorización ambiental integrada (documentos públicos). Este complejo proceso técnico y medioambiental se inició en 2019 y se culminó en noviembre de 2023. Durante el presente año está previsto que se inicien las obras de transformación y que en 2025 entre en funcionamiento la nueva central", informan.
En esas autorizaciones se fijan los parámetros ambientales que debe cumplir la planta, "se estipulan la vigilancia ambiental que la instalación deberá cumplir rigurosamente, siguiendo los estrictos parámetros establecidos por la Unión Europea, que garantizan el bienestar y el respeto por la salud de las personas y el medio ambiente". Se recalca también en el comunicado que en otras regiones y en otros países europeos hay plantas similares que operan con total normalidad y respeto a la legislación medioambiental.
Hunosa y los sindicatos piden "respeto a la verdad, a la legalidad, y a un proyecto de futuro que responde no solo a los intereses de Hunosa como compañía pública sino al del empleo y bienestar de todo un territorio". El comunicado remarca por último que "con una inversión de más de 40 millones de euros, la transformación de La Pereda conllevará permitirá mantener los puestos de trabajo actuales y crear otros 200 empleos".
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