La Unión Europea abre la puerta a suprimir el peaje del Huerna al ver ilegal su prórroga
"España amplió la duración infringiendo las normas", asegura un escrito de la Comisión
Peaje de La Magdalena, en la autopista del Huerna (AP-66). / Xuan Fernández
La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), ha asegurado por primera vez que la prórroga del peaje del Huerna hasta 2050 es ilegal y de esta forma abre la puerta a la supresión de la infraestructura.
"España amplió la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar correctamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE", asegura la Comisión en una notificación de este martes, en referencia a la autopista AP-9 de Galicia y a la AP-66, la del peaje del Huerna, que tiene un coste de quince euros por paso.
La UE da ahora dos meses a España para responder a los argumentos esgrimidos por la Comisión. El escrito forma parte de un procedimiento de infracción abierto a Hungría y a España por "incumplimiento de las normas sobre concesión de autopistas".
La Comisión ha enviado sendos escritos a los dos países. "Ambas cartas tienen como objetivo garantizar el respeto de las normas de la UE en materia de concesiones, que prevén la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia"", se lee en el procedimiento. La controversia con el peaje del Huerna viene de lejos y tiene su origen en una denuncia que interpuso en septiembre de 2021 Daniel Ripa, antiguo líder de Podemos Asturias, alejado ya de la vida política. Podemos consideraba que el peaje era ilegal y acudió a la vía europea después de que la Comisión advirtiese de irregularidades en la concesión de la AP-9 a Audasa, que se hizo en condiciones muy similares a la AP-66 de Asturias. Podemos interpuso su escrito valiéndose de ese razonamiento y añadiendo también argumentos utilizados en el caso de una autopista italiana, cuya prórroga del peaje fue anulada también por la UE.
La Comisión admitió a trámite la denuncia de Podemos e inició un largo trámite que ahora empieza a coger velocidad. En enero de este año aseguró que decidiría antes de verano sobre la legalidad del peaje y esa respuesta ya es efectiva: la prórroga del mismo "infringió las normas".
La Comisión, para hacer el procedimiento más ágil, ha añadido el procedimiento de la AP-66 al de la AP-9. "Tras esta ampliación, el procedimiento de infracción pasa a cubrir no solamente la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 sino también la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 por un período de veintinueve años, hasta el 17 de octubre de 2050, así como la venta publica en el año 2003 de la Empresa Nacional de Autopistas, S. A (ENAUSA), titular de las acciones de las concesionarias de la AP-9 y de la AP-66, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)", contestó ayer la Comisión a un escrito trasladado por Daniel Ripa. "La Comisión considera que tanto esas dos prórrogas como esa venta pública, al no ser precedidas de la publicación de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y de un procedimiento de contratación pública, vulneraron la Directiva y los principios generales de igualdad de trato y transparencia que rigen las normas de la contratación pública", remata el escrito.
La ampliación del peaje del Huerna a la compañía Aucalsa tuvo lugar en el año 2000 con un gobierno del PP presidido por José María Aznar, sin que hubiese concurso público. Tres años después tuvo lugar la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas, a la que pertenece Aucalsa, y a la que apunta también la Comisión.
El Gobierno central y también el Principado apuntan a los gobiernos populares como responsables de lo sucedido en el Huerna. "Si en este país queda un solo kilómetro de pago es exclusivamente gracias a las decisiones del PP", aseguró ayer Óscar Puente, ministro de Transportes. "Fue el señor José María Aznar quien prorrogó las concesiones de las autopistas españolas mucho antes de que se produjese su vencimiento por un total de 87 años", apuntó el Ministro en el Congreso. El Gobierno regional lleva tiempo pidiendo la supresión del peaje.
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