La sombra del polémico juez Ángel Sorando, instructor del "caso Marea", enturbia el proceso fiscal contra los dueños de Igrafo. Y es que un error podría dar al traste con una condena que se estimaba segura. Sorando incluyó en la causa el informe de la Agencia Tributaria que ha servido de base a las acusaciones, pero se olvidó -según fuentes jurídicas- de incluir un anexo de mil folios con las facturas y otros documentos. La defensa de Víctor Manuel y José Roberto Muñiz, a cargo de Miguel Valdés-Hevia, no ha dejado de insistir en este extremo. El fiscal Enrique Valdés-Solís intentó incorporar ese anexo al inicio del juicio, algo que rechazó la jueza María Paz González-Tascón, del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo.

Ayer, en la tercera jornada del juicio, los documentos no incorporados volvieron a salir a colación durante la declaración de los inspectores de Hacienda que estudiaron la contabilidad de Igrafo, y que se ratificaron su informe. Los inspectores sostuvieron que Igrafo pagaba medio millón de euros al año en liberalidades, cantidades que se entendían por la empresa como costes que luego repercutían en las facturas a la administración. Hicieron referencia a más de 200 facturas, en las que figuraba además la supuesta firma de Víctor Muñiz. Sin embargo, aunque los inspectores pidieron una prueba caligráfica para demostrar que habían sido firmadas por Muñiz, no se realizó. Otro fallo de instrucción. La defensa pidió una y otra vez que se mostrasen las citadas facturas, consciente de que no constan en el procedimiento. También lo reclamó durante la comparecencia de la economista María Blanco, propuesta por la defensa. La magistrada, en un momento dado, reaccionó con cierto enfado. "No puedo entender cómo pueden desaparecer unas pruebas del procedimiento (...) Esos anexos tienen que estar en las actuaciones. Salvo que se los hayan llevado", llegó a sugerir.

La perita de la defensa pudo ver los citados anexos porque sí se incluyeron en la causa madre por corrupción en la administración del Principado, aún pendiente de sentencia. La juez llegó a indicar que debería haber sido la defensa la que los incluyese los documentos, a lo que ésta respondió que la carga de la prueba correspondía a los acusadores. Hoy viernes, día de los informes finales, pedirá la absolución por ausencia de pruebas.

La perita María Blanco resaltó por su parte que los inspectores de Hacienda habían manejado de forma incoherente hasta cuatro tipos de documentos: la contabilidad de la empresa por un lado, y luego una memoria USB y otros dos documentos que constituyen una contabilidad paralela. "Han ido tomando los datos que más perjudicaban a los acusados", dijo. Defendió que los documentos de la llamada contabilidad paralela eran en realidad proyecciones de negocio, nunca cifras reales. En el proceso concursal de Igrafo, añadió, en el que se analizaron de forma exhaustiva las cuentas de la empresa, no se detectó doble contabilidad. Y llegó a afirmar que Igrafo había pagado a Hacienda en cuatro años 368.000 euros, 103.000 más de lo que le correspondía.